 |
| Foto:JUAN MANUEL PRATS, Diario Córdoba |
El anuncio realizado por el Ministro de Sanidad el último
día de Marzo de que se va a restituir el acceso a la Atención Primaria de Salud
a las personas excluidas del sistema sanitario, la mayoría inmigrantes sin
permiso de residencia, es, por encima de la constatación de un fracaso sin
paliativos de las nefastas, cuando no ausentes, políticas sociales de este
gobierno, una medida tomada desde el cálculo electoral y a regañadientes, que
vuelve a poner en evidencia la realidad incontestable de que la salud no se
contempla como un derecho fundamental de las personas.
El hecho de que los motivos esgrimidos para ello sean
algunos de los que hemos manejado desde el punto de vista profesional quienes
nos hemos opuesto siempre al Real Decreto de la exclusión sanitaria (RDL
16/2012), a saber, el colapso de las urgencias, lo que pone en cuestión el
supuesto ahorro del gasto sanitario, y los problemas para la salud pública, es
decir los riesgos que se han generado para la salud de todos los ciudadanos, no
hace más que resaltar la falta de sensibilidad de quienes nos gobiernan hacia
los problemas y el sufrimiento de las personas más vulnerables. Las
organizaciones y personas que denunciamos el fin de la universalidad de la
atención y la exclusión que impone tan lamentable decreto basamos nuestras reclamaciones
en el ámbito de los derechos elementales
de las personas, mientras que el ministro Alonso, que tanto aplaudió en su día la
entrada en vigor del texto legal por su aportación a eso de “poner fin al
coladero” en que se había convertido el sistema sanitario público (sic), sitúa
el anunciado parche en el ámbito instrumental de los perjuicios que provoca a
la sostenibilidad del sistema, precisamente lo que se suponía iba a arreglar.
(Para continuar leyendo, clickar más abajo)
(Para continuar leyendo, clickar más abajo)