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| @BobEstropajo |
En fechas recientes dimitió la Ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, salpicada por uno de los casos de
corrupción que carcomen a su partido. Ha sido una dimisión esperada y reclamada
por todos, excepto por los suyos, desde hace tiempo, aunque no sólo por el
motivo que finalmente la ha provocado sino, y con todo merecimiento, por la
desastrosa gestión que ha realizado en su departamento.
De entre todas las nefastas actuaciones que ha promovido, seguramente
ninguna sea tan demoledora contra los derechos elementales de las personas y contra el sistema sanitario que la
promulgación del RD 16/2012 que ha terminado de facto con la universalidad de
la atención sanitaria en España, sustituyendo un sistema basado en el derecho a la salud para todos los
ciudadanos por otro que lo restringe al aseguramiento, excluyendo por ello a
más de 800.000 personas de la atención sanitaria normalizada.
Los recortes aplicados en el sistema sanitario, en servicios
sociales y en dependencia por la Sra. Mato y por las CCAA gobernadas por el PP
han sido brutales: solo en el primero, el gasto medio per cápita disminuyó casi
un 2% anual en el periodo 2009 a 2012, continuando el declive en ese último año,
mientras que en el periodo 2000 a 2009 se había incrementado anualmente un 4%.
El Estado español invierte, por tanto, en cada ciudadano al año para su
atención de salud unos mil euros menos que en Francia o Alemania, lo que
equivale a un 45% por debajo (2.200 euros frente a 3.200), según acaba de
publicar el servicio de estudios de la OCDE en el interesante informe titulado
“Health at a Glance: Europe 2014” que
está disponible en su página web.
Estos recortes se complementan en perjuicio del ciudadano
con medidas tales como el repago de medicamentos y servicios sanitarios y el
llamado “medicamentazo”, que ha excluido de la financiación pública a decenas
de medicamentos de uso habitual. Según un informe reciente de Cruz Roja más del
35% de las personas que atienden sus voluntarios no han podido acceder a un
medicamento o servicio sanitario esencial para su salud en el último año por no
poder pagarlo, por lo que esta gran hazaña de la Sra. Mato se traduce en que
muchas personas quedan excluidas de hecho de la atención de salud, además de
los cientos de miles que ha dejado sin tarjeta sanitaria.
El impulso a la privatización del sistema sanitario ha sido
otra de sus marcas de identidad, cuestión en la que han sido muy aplicadas
algunas administraciones gobernadas por su partido, como las CCAA de Madrid, Valencia, Baleares, Galicia o Castilla La Mancha. El enorme rechazo
profesional y ciudadano desatado contra esa estrategia de desmantelamiento del
sistema sanitario provocó que la ministra no tuviera más remedio que
abandonarla, aunque solo en apariencia, pasando de lo que podemos llamar maniobra
del “elefante en la cacharrería”, especialmente en Madrid donde gobierna la
facción del PP que podemos denominar
“derecha sin complejos”, a otra
más sibilina que se construye en la actualidad a través de un sistema privatizador
denominado Unidades de Gestión Clínica.
La guinda a tan terrible cronología la deben poner sus
desastrosas gestiones de la crisis del Ébola y del acceso a la medicación
curativa de los infectados por el virus de la hepatitis C, limitada tras la
negociación con el laboratorio fabricante, a una mínima parte de las personas
afectadas, quienes, para mayor escarnio, se infectaron hace años en el propio
sistema sanitario.
Una de las pocas voces que se ha atrevido, sin pudor, a loar
su gestión, ha sido la de una diputada del PP, ¿quién si no?, que declaró en
televisión que gracias a todas estas iniciativas se había evitado la bancarrota
del sistema. ¿De verdad? Y si fuera cierto, lo que no parece a la luz de los
datos y los acontecimientos, ¿qué tiene
de meritoria la gestión de quien, para pagar las facturas, echa de casa a una
parte notoria de los miembros de su familia y pone a pan y agua al resto? Son, eso sí, los nefastos argumentos de la
reforma constitucional exprés del último gobierno del PSOE que tanto daño ha
hecho a la ciudadanía y al propio partido impulsor de la misma. Y la gran
excusa que encuentra el gobierno actual para imponer su ideología aún sin
criterios objetivos de necesidad contra
los derechos elementales de las personas.
Un día tras otro conocemos datos que nos ilustran sobre el
enorme crecimiento de la pobreza y la desigualdad en España. Crecen ambas y el
dato más reciente de los conocidos es el que nos informa de que la diferencia
entre lo que posee el 10% más rico de la población de España frente al 10% más
pobre ha pasado de 8,4 a 13,8 veces más entre 2007 y 2011. Tales datos nos
informan no solo de la magnitud de la injusticia sino también del vergonzoso
mérito que ostentamos de ser el país donde más creció esta desigualdad de toda
la OCDE.
La desigualdad crece porque las políticas que se desarrollan
en nuestro país en los últimos años castigan a los más débiles mientras premian
a los poderosos. Multitud de ellas lo hacen directamente, y la reforma laboral quizás sea una de las que
más contribuyen a ello, y otras minan los mecanismos de amortiguación. Las
desigualdades en la salud en nuestro país eran hasta ahora mucho más moderadas
porque el sistema sanitario, que era universal, gratuito, justo, equitativo y
de calidad, o sea, público, amortiguaba los efectos nocivos de las dispares
condiciones de vida de los ciudadanos. La política de demolición del mismo que
con tanto afán ha desempeñado la ministra Mato tendrá sus dramáticas consecuencias
en la merma del bienestar de muchos españoles y en la agudización de las
desigualdades también en la salud.
Triste herencia la de la ministra. Ojalá se pudiera subsanar
cuanto antes. Pero parece que para ello habrá que esperar a que
llegue otro gobierno. No es probable que el nuevo ministro, valedor de todas
estas políticas y de otras tan deletéreas en el Congreso de los Diputados, vaya
a ser la garantía del necesario cambio de rumbo que la sociedad española
reclama ya con urgencia.
Manuel Díaz Olalla
(Publicado en la Revista "Temas para el Debate", nº 242-243, Enero 2015)
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