La insuficiente marcha atrás en el decreto de la exclusión sanitaria: políticas sin rumbo alejadas de los derechos de las personas

Foto:JUAN MANUEL PRATS, Diario Córdoba

El anuncio realizado por el Ministro de Sanidad el último día de Marzo de que se va a restituir el acceso a la Atención Primaria de Salud a las personas excluidas del sistema sanitario, la mayoría inmigrantes sin permiso de residencia, es, por encima de la constatación de un fracaso sin paliativos de las nefastas, cuando no ausentes, políticas sociales de este gobierno, una medida tomada desde el cálculo electoral y a regañadientes, que vuelve a poner en evidencia la realidad incontestable de que la salud no se contempla como un derecho fundamental de las personas.

El hecho de que los motivos esgrimidos para ello sean algunos de los que hemos manejado desde el punto de vista profesional quienes nos hemos opuesto siempre al Real Decreto de la exclusión sanitaria (RDL 16/2012), a saber, el colapso de las urgencias, lo que pone en cuestión el supuesto ahorro del gasto sanitario, y los problemas para la salud pública, es decir los riesgos que se han generado para la salud de todos los ciudadanos, no hace más que resaltar la falta de sensibilidad de quienes nos gobiernan hacia los problemas y el sufrimiento de las personas más vulnerables. Las organizaciones y personas que denunciamos el fin de la universalidad de la atención y la exclusión que impone tan lamentable decreto basamos nuestras reclamaciones en el ámbito de  los derechos elementales de las personas, mientras que el ministro Alonso, que tanto aplaudió en su día la entrada en vigor del texto legal por su aportación a eso de “poner fin al coladero” en que se había convertido el sistema sanitario público (sic), sitúa el anunciado parche en el ámbito instrumental de los perjuicios que provoca a la sostenibilidad del sistema, precisamente lo que se suponía iba a arreglar.

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Las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria en España: es preciso abolir el decreto de la exclusión sanitaria

Una tarde de Octubre de 1997, cerca de Xisec, en la región de Alta Verapaz, Guatemala, asistí a un episodio que jamás he podido olvidar y que, de forma indudable, me marcó para el resto de mi vida. Una mujer indígena de la etnia q'eqchi, casi una adolescente a pesar de sus dos hijos, era puesta en la calle por el personal del pequeño hospital al que había acudido a parir porque no podía pagar la cesárea que necesitaba ante la imposibilidad de que el parto progresara por vía vaginal. Ella y su marido, con sus dos hijos pequeños, cabizbajos, emprendieron ante nuestros atónitos ojos el camino de regreso a su casa para que ella y su imposible hijo murieran discretamente después de una más que previsible terrible agonía. El hospital era privado y sus gestores no contemplaban otra relación con los pacientes, o sea, con los clientes, que la del pago por cada servicio sin excepciones; el centro público de aquél pueblo no estaba preparado para esa sencilla intervención y el hospital gratuito más cercano, regentado por una ONG danesa, estaba demasiado lejos como para que la desesperada señora, con el parto ya iniciado, pudiera llegar a tiempo.

Alguien que conocía bien aquélla terrible realidad de la pobreza cruel y el subdesarrollo me dijo tras escrutar detenidamente la perplejidad en mi rostro: “El marido lo siente ahora, pero en unos días pensará que con menos dinero que el que ahora no ha podido pagar, podrá costear la dote de otra mujer aún más joven y más fuerte, que trabajará más horas en el campo y en la casa, y con la que sin duda se casará”. Hay que añadir que la conmoción de aquél momento se justifica, como tantas veces, por la presencia real y constatable de quienes sufren las injusticias, gente con rostro que pasa delante de ti y a la que es posible tocar, ya que la existencia de la barbarie en este o en cualquier otro formato, formaba ya por entonces parte de mi conocimiento teórico del mundo a través de experiencias leídas o relatadas por otros. 

Aquélla tarde ardiente en el paraíso pensé dos cosas: una que debíamos sentirnos orgullosos de vivir en un país, como era España en aquéllos años, cuyos ciudadanos habían conquistado un sistema sanitario que atendía a todos por igual según sus necesidades, sin excluir a nadie y sin generar diferencias en la asistencia por razones de etnia, religión, poder adquisitivo, raza o situación administrativa. Un sistema sanitario público, gratuito¹, universal y de calidad. La otra es que merecía la pena dedicar la vida, o una parte de ella, a luchar porque todos los ciudadanos del mundo hicieran realidad ese sueño: el de alcanzar ese derecho humano esencial.

Han pasado los años y, al menos en estos últimos, hemos asistido a una cierta convergencia entre las dos realidades: la del mundo en desarrollo, cuya representación en este ejemplo puede seguir siendo Guatemala, y la del mundo desarrollado, que bien pudiera ser España. Mientras aquél ha avanzado enormemente hacia la universalidad en la atención de salud, nosotros hemos retrocedido de forma dramática. El panorama dibuja un sarcasmo cuando asistimos al hecho de que nuestro país se erige en el mundo, por medio de sus políticas de cooperación internacional, en adalid de la defensa de esa universalidad en la atención de salud mientras que, internamente, acaba con ella.

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Los riesgos en las residencias de la Comunidad de Madrid. Necesidad de un debate urgente que cambie la situación actual

Foto Cristina de Middel

Excelente texto de Joaquín Morera que trae al primer plano un problema que requiere soluciones urgentes.

Se puede leer aquí:

http://bit.ly/1KVMvGf

La triste herencia de la ministra Mato

@BobEstropajo

En fechas recientes dimitió la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, salpicada por uno de los casos de corrupción que carcomen a su partido. Ha sido una dimisión esperada y reclamada por todos, excepto por los suyos, desde hace tiempo, aunque no sólo por el motivo que finalmente la ha provocado sino, y con todo merecimiento, por la desastrosa gestión que ha realizado en su departamento.

De entre todas las nefastas actuaciones que ha promovido, seguramente ninguna sea tan demoledora contra los derechos elementales de las personas  y contra el sistema sanitario que la promulgación del RD 16/2012 que ha terminado de facto con la universalidad de la atención sanitaria en España, sustituyendo un sistema  basado en el derecho a la salud para todos los ciudadanos por otro que lo restringe al aseguramiento, excluyendo por ello a más de 800.000 personas de la atención sanitaria normalizada.

Ébola: no sólo en el virus está el peligro

La confirmación del diagnóstico de Enfermedad por Virus Ébola (EVE), el pasado día 6 de Octubre, en una auxiliar de enfermería que había atendido a los dos sacerdotes españoles fallecidos por esta enfermedad tras ser repatriados de Liberia y Sierra Leona, por lo tanto el primer caso confirmado de transmisión de este virus fuera de África, ha dado un salto cualitativo a este problema, generando una gran alarma en la ciudadanía. Se debe aprovechar cualquier ocasión, y pocas mejor que esta, para tranquilizar a la opinión pública, resaltando el hecho de que la transmisión del agente infeccioso a la población general es difícil en las actuales circunstancias, ya que para que tal cosa ocurra es preciso mantener contacto directo con un infectado o con sus secreciones, por lo que la inmensa mayoría de los contagios ocurren en el medio familiar u hospitalario. 

Las que merecen alguna reflexión más profundas son las circunstancias en las que ha ocurrido y las repercusiones de todo tipo, en especial  sociales y políticas, que este problema puede tener. Fue controvertida la idoneidad del traslado a nuestro país de los dos afectados españoles, y así se señaló tanto desde estas páginas como en otros muchos medios, y no sólo por lo ineficaz de las mismas, aspecto este que aún suponiéndolo solo lo hemos podido comprobar a posteriori, sino también por los riesgos que de ello se derivaban. En especial en el segundo de los casos, el del religioso García Viejo, sobre el que se cernían los peores presagios al no existir un tratamiento específico que aplicarle.

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