La crueldad de la sentencia del TC a favor del RDL 16/2012 (Juan Luis Ruiz-Giménez)

En 2011 PSOE y Partido Popular (PP) cambian el artículo 135 de la Constitución Española, con el fin de pagar las “deudas” antes de cubrir las necesidades derivadas de los derechos sociales.  A finales del año se produce cambio de gobierno y el PP consigue mayoría parlamentaria. Aprovechando la situación de la llamada “crisis económica”, tanto a nivel nacional como internacional, secundarias a las políticas neoliberales de la UE, se aplican medidas rigurosas dentro de los Planes de Estabilidad financiera que conllevan brutales recortes presupuestarios.

Una de las ellas ha sido el RDL 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y la mejora de  su eficiencia.  Instrumento clave que resultó clave para el cambio en el modelo sanitario y dio lugar a la perdida en la accesibilidad Universal del derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Sanitario Público con la exclusión sanitaria de un sector vulnerable y replantear las prestaciones sanitarias.

Tras el mismo están directamente excluidos del sistema, los inmigrantes que se encuentran en situación irregular; los españoles mayores de 26 en paro y según cierto límite de ingresos, los que están fuera de España más de tres meses, las personas comunitarias que no están registradas, y los ascendientes reagrupados por ciudadanos españoles o extranjeros.

El Gobierno ya legisló con crueldad para el conjunto de la sociedad, jugando con un derecho, a nuestro juicio, fundamental como es del de la salud y a su vez provocó que dicha situación fuera percibida por la opinión pública como resultante de la atención a los extranjeros y al mal uso de los servicios sanitarios.

Durante el 2012 algunas CCCA, como Andalucía, Cataluña País Vasco y Navarra presentan impugnaciones al RDL. Los partidos políticos con representación parlamentaria mostraron rechazo, pero sin recurrir al TC. La oficina del Defensor de Pueblo dio por bueno el RDL y derivado de ello varias organizaciones y movimientos sociales y profesionales, como YOSI Sanidad Universal, AI y MdM y Marea Blanca iniciaron una batalla valiente, constante y desobediente contra el mencionado RDL.

Las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria en España: es preciso abolir el decreto de la exclusión sanitaria

Una tarde de Octubre de 1997, cerca de Xisec, en la región de Alta Verapaz, Guatemala, asistí a un episodio que jamás he podido olvidar y que, de forma indudable, me marcó para el resto de mi vida. Una mujer indígena de la etnia q'eqchi, casi una adolescente a pesar de sus dos hijos, era puesta en la calle por el personal del pequeño hospital al que había acudido a parir porque no podía pagar la cesárea que necesitaba ante la imposibilidad de que el parto progresara por vía vaginal. Ella y su marido, con sus dos hijos pequeños, cabizbajos, emprendieron ante nuestros atónitos ojos el camino de regreso a su casa para que ella y su imposible hijo murieran discretamente después de una más que previsible terrible agonía. El hospital era privado y sus gestores no contemplaban otra relación con los pacientes, o sea, con los clientes, que la del pago por cada servicio sin excepciones; el centro público de aquél pueblo no estaba preparado para esa sencilla intervención y el hospital gratuito más cercano, regentado por una ONG danesa, estaba demasiado lejos como para que la desesperada señora, con el parto ya iniciado, pudiera llegar a tiempo.

Alguien que conocía bien aquélla terrible realidad de la pobreza cruel y el subdesarrollo me dijo tras escrutar detenidamente la perplejidad en mi rostro: “El marido lo siente ahora, pero en unos días pensará que con menos dinero que el que ahora no ha podido pagar, podrá costear la dote de otra mujer aún más joven y más fuerte, que trabajará más horas en el campo y en la casa, y con la que sin duda se casará”. Hay que añadir que la conmoción de aquél momento se justifica, como tantas veces, por la presencia real y constatable de quienes sufren las injusticias, gente con rostro que pasa delante de ti y a la que es posible tocar, ya que la existencia de la barbarie en este o en cualquier otro formato, formaba ya por entonces parte de mi conocimiento teórico del mundo a través de experiencias leídas o relatadas por otros. 

Aquélla tarde ardiente en el paraíso pensé dos cosas: una que debíamos sentirnos orgullosos de vivir en un país, como era España en aquéllos años, cuyos ciudadanos habían conquistado un sistema sanitario que atendía a todos por igual según sus necesidades, sin excluir a nadie y sin generar diferencias en la asistencia por razones de etnia, religión, poder adquisitivo, raza o situación administrativa. Un sistema sanitario público, gratuito¹, universal y de calidad. La otra es que merecía la pena dedicar la vida, o una parte de ella, a luchar porque todos los ciudadanos del mundo hicieran realidad ese sueño: el de alcanzar ese derecho humano esencial.

Han pasado los años y, al menos en estos últimos, hemos asistido a una cierta convergencia entre las dos realidades: la del mundo en desarrollo, cuya representación en este ejemplo puede seguir siendo Guatemala, y la del mundo desarrollado, que bien pudiera ser España. Mientras aquél ha avanzado enormemente hacia la universalidad en la atención de salud, nosotros hemos retrocedido de forma dramática. El panorama dibuja un sarcasmo cuando asistimos al hecho de que nuestro país se erige en el mundo, por medio de sus políticas de cooperación internacional, en adalid de la defensa de esa universalidad en la atención de salud mientras que, internamente, acaba con ella.

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