martes, 21 de diciembre de 2021

La protección financiera de la población española frente a los gastos en salud o “¿Se puede permitir la gente pagar por la atención sanitaria?


Según la OMS el objetivo de los sistemas sanitarios es, además de mejorar la salud de la población, reducir las desigualdades sociales relacionadas con ella (1). Por lo tanto, no solo es su obligación atender a todos y todas sino también proporcionar la atención que cada cual precise: combatir esas desigualdades pasa, en este punto, por dar más atención a quien más la necesite. Nuestro sistema sanitario está basado en la solidaridad a partir de la aportación equitativa (quien más tiene, contribuye más), siendo la democratización del acceso su razón de ser. Garantizar la sanidad universal significa que todas las personas que residen en España, independientemente de su nacionalidad y su situación administrativa, disfruten de su derecho a la salud, sin ningún tipo de trabas.

Cuando el gasto público en salud aumenta, es menos probable que las personas caigan en la pobreza como consecuencia de acceder a los servicios sanitarios. Sin embargo, el gasto público solo reduce las desigualdades en el acceso cuando las asignaciones se planifican cuidadosamente para garantizar que toda la población pueda obtener atención de salud de calidad, en especial atención primaria (2). No olvidemos que universalidad de la atención no solo significa que la cobertura alcance a todas las personas, sino también que el catálogo de servicios sea lo más amplio posible incluyendo, desde luego, los servicios sanitarios esenciales, y que los gastos directos por la atención (conocidos en nuestro país eufemísticamente como “copagos” o, incluso y de forma más atinada, como “repagos”) sean mínimos o, mejor aún, no existan. En todo caso, estos pagos adicionales no deben ser una limitación práctica del acceso a los servicios de salud, porque cuando son elevados disuaden a las personas del uso del sistema, situándoles de facto en la exclusión sanitaria o, si deciden asumirlos, pueden llevar a los pacientes y a sus familias a una situación de bancarrota financiera: es lo que se conoce como “gastos catastróficos en salud”.

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Publicado en "Hemos leído", web de SEMFyC