PRIMER AÑO DEL DECRETO QUE INSTAURA LA EXCLUSIÓN SANITARIA Y EL COPAGO
Vivimos estos días el triste primer aniversario del Real Decreto Ley 16/2012 cuya entrada en vigor supuso una auténtica contrarreforma sanitaria que, como ya hemos señalado en otras ocasiones, además de sanitariamente perjudicial para la ciudadanía e ilegítimo es, también y ante todo, inhumano, injusto e injustificable. Porque supone el desmantelamiento efectivo del Sistema Nacional de Salud tal y como lo conocíamos en nuestro país hasta entonces, esto es, universal, gratuito en el acto sanitario, financiado por los impuestos y gestionado por las Administraciones Públicas, que garantiza la atención a todos los ciudadanos sin distinguirlos entre asegurados, no asegurados, beneficiarios o excluidos del mismo.
Con él, y en la práctica, se sientan las bases para la destrucción de un sistema garantista, que considera la salud como lo que es, un derecho de todos los ciudadanos, y que ha sido un ejemplo para el mundo, para cambiarlo por otro que, de entrada, ha excluido a más de 900.000 personas en este primer año, la mayoría extranjeros a los que se les ha retirado la Tarjeta Sanitaria, a la vez que limita el acceso efectivo de muchos más a las prestaciones sanitarias y farmacéuticas instaurando el copago (repago en realidad, porque los ciudadanos ya lo pagaron antes con sus impuestos) para alcanzar muchas de ellas.
Según una reciente encuesta entre un 17% y un 20% de los pensionistas no pueden adquirir algunos medicamentos que les son necesarios por no poder pagar la cuota que se les exige, y muchas personas son rechazadas en los centros sanitarios por no tener “derecho” a la atención según esta norma. A falta de datos más precisos sobre el impacto de la misma en la salud de los colectivos excluidos o cuyo acceso se ha limitado, que son los grupos más vulnerables de la sociedad, y por ende en el nivel de salud del conjunto de la población ya se puede adelantar que la brecha en las Desigualdades Sociales en la Salud se está ahondando en España de forma muy importante.
Pero otros efectos más visibles se han hecho ya evidentes: se ha generado incertidumbre en muchos afectados, miedo a buscar atención, arbitrariedad en la aplicación de la normativa y afloramiento de sentimientos xenófobos que permanecían latentes. En el momento en que sea posible detectar otros efectos colectivos, según el curso natural de los problemas de salud, no hay duda de que observaremos un incremento muy grave de la carga de enfermedad y de la mortalidad de estos grupos. Hasta que las herramientas de análisis de la epidemiología logren sacar conclusiones, después de reunir cierta casuística, hoy esa realidad se desgrana, diariamente, en casos concretos que se van conociendo por testimonios de los trabajadores de la salud, de las asociaciones que defienden a los afectados o de las crónicas de los medios de comunicación.
Recientemente Fernando Lamata recogía en su blog algunas contundentes evidencias científicas sobre lo que era el Sistema de Salud de España en el contexto mundial antes de que se promulgara este Real Decreto: un exitoso y eficiente sistema que con un bajísimo gasto per cápita, por debajo del de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Australia, Holanda o EEUU, presentaba unos resultados excelentes, representados en datos tales como la baja mortalidad prematura y general, la escasa carga de enfermedad global, la alta Esperanza de Vida en Buena Salud o la elevada proporción de personas que opinan que su salud es buena y que creen que la calidad del sistema es alta. El insigne gestor sanitario se pregunta con toda razón: “¿Por qué tocar algo que funciona y, además, es barato?” La respuesta no es difícil, se llama ideología y negocio, una cosa añadida a la otra, o la misma cosa, que tanto da, como es el caso de la privatización de la sanidad pública madrileña que impulsa, contra todo y contra todos, el PP en esa comunidad.
Es preciso rechazar y trabajar, permanentemente, contra esta injusta ley y sus efectos. Miles de profesionales de la salud la incumplen a conciencia cada día haciendo prevalecer su ética profesional y su sentido de la obligación y del compromiso con sus pacientes sobre ella. Algunas Comunidades Autónomas (País Vasco, Andalucía, Canarias, Galicia, Navarra o Cataluña) con más o menos fortuna y decisión intentan sortear la norma legislando en su contra o desarrollando disposiciones que sirvan de bálsamo paliativo a sus devastadores efectos. El alcance de las medidas de ambos, profesionales e instituciones, es limitado ante una Ley que reformula todo un sistema en permanente interconexión y que actúa a todos los niveles bloqueando cualquier iniciativa que se ponga en marcha para intentar sortearla.
Luchar con todas nuestras fuerzas contra este Decreto es defender lo que teníamos y nos merecemos: una sanidad pública gratuita, justa, incluyente y de calidad para todos y todas. Porque, aunque algunos no lo quieran, todos, de aquí o de allá, pobres o ricos, jóvenes o mayores, blancos, negros o amarillos, hombres o mujeres, todos, somos ciudadanos y ciudadanas con derechos.
Según una reciente encuesta entre un 17% y un 20% de los pensionistas no pueden adquirir algunos medicamentos que les son necesarios por no poder pagar la cuota que se les exige, y muchas personas son rechazadas en los centros sanitarios por no tener “derecho” a la atención según esta norma. A falta de datos más precisos sobre el impacto de la misma en la salud de los colectivos excluidos o cuyo acceso se ha limitado, que son los grupos más vulnerables de la sociedad, y por ende en el nivel de salud del conjunto de la población ya se puede adelantar que la brecha en las Desigualdades Sociales en la Salud se está ahondando en España de forma muy importante.
Pero otros efectos más visibles se han hecho ya evidentes: se ha generado incertidumbre en muchos afectados, miedo a buscar atención, arbitrariedad en la aplicación de la normativa y afloramiento de sentimientos xenófobos que permanecían latentes. En el momento en que sea posible detectar otros efectos colectivos, según el curso natural de los problemas de salud, no hay duda de que observaremos un incremento muy grave de la carga de enfermedad y de la mortalidad de estos grupos. Hasta que las herramientas de análisis de la epidemiología logren sacar conclusiones, después de reunir cierta casuística, hoy esa realidad se desgrana, diariamente, en casos concretos que se van conociendo por testimonios de los trabajadores de la salud, de las asociaciones que defienden a los afectados o de las crónicas de los medios de comunicación.
Recientemente Fernando Lamata recogía en su blog algunas contundentes evidencias científicas sobre lo que era el Sistema de Salud de España en el contexto mundial antes de que se promulgara este Real Decreto: un exitoso y eficiente sistema que con un bajísimo gasto per cápita, por debajo del de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Australia, Holanda o EEUU, presentaba unos resultados excelentes, representados en datos tales como la baja mortalidad prematura y general, la escasa carga de enfermedad global, la alta Esperanza de Vida en Buena Salud o la elevada proporción de personas que opinan que su salud es buena y que creen que la calidad del sistema es alta. El insigne gestor sanitario se pregunta con toda razón: “¿Por qué tocar algo que funciona y, además, es barato?” La respuesta no es difícil, se llama ideología y negocio, una cosa añadida a la otra, o la misma cosa, que tanto da, como es el caso de la privatización de la sanidad pública madrileña que impulsa, contra todo y contra todos, el PP en esa comunidad.
Es preciso rechazar y trabajar, permanentemente, contra esta injusta ley y sus efectos. Miles de profesionales de la salud la incumplen a conciencia cada día haciendo prevalecer su ética profesional y su sentido de la obligación y del compromiso con sus pacientes sobre ella. Algunas Comunidades Autónomas (País Vasco, Andalucía, Canarias, Galicia, Navarra o Cataluña) con más o menos fortuna y decisión intentan sortear la norma legislando en su contra o desarrollando disposiciones que sirvan de bálsamo paliativo a sus devastadores efectos. El alcance de las medidas de ambos, profesionales e instituciones, es limitado ante una Ley que reformula todo un sistema en permanente interconexión y que actúa a todos los niveles bloqueando cualquier iniciativa que se ponga en marcha para intentar sortearla.
Luchar con todas nuestras fuerzas contra este Decreto es defender lo que teníamos y nos merecemos: una sanidad pública gratuita, justa, incluyente y de calidad para todos y todas. Porque, aunque algunos no lo quieran, todos, de aquí o de allá, pobres o ricos, jóvenes o mayores, blancos, negros o amarillos, hombres o mujeres, todos, somos ciudadanos y ciudadanas con derechos.
José Manuel Díaz Olalla
